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La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, en conferencia de prensa sobre la propuesta de incentivos fiscales discriminatorios a las importaciones de autos eléctricos de Estados Unidos, habló sobre la importancia de la industria automotriz, destacando que este sector representa cerca del 4% del PIB y más del 25% de nuestras exportaciones, lo que a su vez genera de forma directa un millón de empleos.

De igual manera, expresó su preocupación respecto a la posible aprobación del Congreso de Estados Unidos sobre la implementación de un nuevo crédito fiscal para vehículos eléctricos como parte de la iniciativa de ley Build Back Better Act aprobada el pasado 19 de noviembre por la Cámara de Representantes y que actualmente se encuentra en el Senado.

Este crédito fiscal puede llegar alcanzar hasta los 12,500 dólares para vehículos eléctricos ensamblados en Estados Unidos más 500 dólares para las baterías realizadas en ese mismo país.

Además, esta iniciativa contempla que a partir del 2027, únicamente los vehículos fabricados en Estados Unidos podrán ser elegibles para acceder a cualquiera de los montos del crédito fiscal.

En su opinión, esta iniciativa es inconsciente con las obligaciones de Estados Unidos en el T-MEC y con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, además de que va en contra del espíritu de la integración productiva de Norteamérica, que busca no solamente el Tratado, sino que acaba de ser reafirmado en la Cumbre de Líderes de Norteamérica hace algunos días por el presidente Biden, el primer ministro Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La aprobación de esta propuesta puede ser catalogada como discriminatoria ya que pondría a México en desventaja frente a Estados Unidos respecto a la exportación de vehículos eléctricos. Asimismo, reduciría la competitividad del sector automotriz de América del Norte frente a otras regiones del mundo e iría en sentido contrario a los esfuerzos realizados con Estados Unidos sobre el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro y de la política migratoria que se ha estado manejando.

La secretaria mencionó que se han hecho llamados al Congreso de Estados Unidos y a la contraparte de la Administración Biden-Harris con el objetivo de señalar las razones por las que la propuesta es violatoria a los compromisos firmados en el T-MEC y en la Organización Mundial del Comercio.

Finalmente, puntualizó que de ser aprobada la iniciativa, México recurrirá a instrumentos legales a su disposiciones para hacer valer sus derechos.

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